El principal proyecto en debate propone cambios en la Ley 26.639, que desregula la protección de glaciares y zonas asociadas. La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales”, y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.