Aquel allanamiento realizado en la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires, había sido ordenado por el juez Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, en la causa en la que se investiga un supuesto esquema de recaudación ilegal y direccionamiento de contrataciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras el organismo estuvo comandado por Diego Spagnuolo, un abogado que, a la par de su rol como funcionario público, representaba al presidente Javier Milei en las demandas que el mandatario iniciaba contra periodistas.