El Gobierno desplegó una serie de estrategias para dejar sin efecto la cautelar de Ojeda. Por un lado, recurrió a la Cámara del Trabajo --donde salió airoso--. También impulsa un recurso de inhibitoria para que el caso pase al fuero contencioso administrativo federal, considerado un ámbito más amable para la Casa Rosada.
En paralelo, el Ejecutivo presentó un per saltum para que sea la propia Corte Suprema la que intervenga en el tema. Este jueves, los tres integrantes del máximo tribunal se reunieron en su acuerdo semanal. La reunión duró unos 50 minutos, contaron en el Palacio de Talcahuano.
El clima en el cuarto piso de Tribunales dista de ser plácido. Todo se había tensado un poco más después de un tuit que publicó anoche el asesor presidencial Santiago Caputo, en el que le apuntaba a Horacio Rosatti y a su mano derecha, Silvio Robles, por una supuesta “operación” contra Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkranz, a quienes el consejero de Javier Milei calificó como una nueva mayoría dentro de la Corte.
Con caras largas, los tres cortesanos firmaron fallos y comenzó a circular entre sus vocalías el per saltum del Gobierno. En la Corte dicen que quien se interesa por el tema es el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Amerio reúne dos características: es un hombre de confianza de Caputo y es funcionario de la Corte, aunque está de licencia tras haber pasado al Poder Ejecutivo.
La Casa Rosada también presentó una apelación para llevar a la Corte el financiamiento de las universidades públicas. El tema todavía no llegó al Palacio de Justicia. En ese caso, la jugada del Ejecutivo es bastante osada: pide que los tres cortesanos se excusen de entender en la causa por ser docentes universitarios.