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JUDICIALES Caso Loan: habían pedido su detención y apareció sorpresivamente por Zoom
17/06/2026
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Se trata de la aparición de un psicólogo forense que obligó a un cuarto intermedio. El imputado justificó la imposibilidad, económica, de poder asistir de manera presencial al proceso de juicio oral. El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, solicitó su apartamiento del debate, la declaración de rebeldía y su posterior juzgamiento.
Comenzó este martes el juicio por la desaparición de Loan Peña ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El debate inició a las 10 de la mañana e intentará determinar qué ocurrió con el niño visto por última vez en junio de 2024. Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco presiden las audiencias de la causa.
Un total de 17 imputados llegan al banquillo de los acusados divididos en dos grupos con diferentes responsabilidades. La hipótesis principal señala que apartaron deliberadamente al menor de su padre durante un almuerzo en la localidad de 9 de Julio. Posteriormente, diversos involucrados habrían realizado maniobras delictivas destinadas a desviar la investigación original del caso.
Inesperada aparición y resolución del Tribunal
Tras haber sido declarado en rebeldía y con una orden de captura activa en horas de la mañana, el imputado Esteban Federico Rossi Colombo logró regularizar su situación de forma provisional al comparecer mediante la plataforma virtual Zoom ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, aduciendo la imposibilidad fáctica de costear su traslado físico y la contratación de un patrocinio letrado privado.
Rossi Colombo, sindicado como parte del denominado “grupo del hotel” que operaba bajo el sello de la Fundación Dupuy, fundamentó su incomparecencia inicial en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional debido a una carencia absoluta de recursos financieros.
La comparecencia remota forzó un freno en el cronograma de las audiencias y reconfiguró el mapa de las representaciones legales de los imputados de la causa paralela, exponiendo las severas discrepancias de estrategia entre el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores.
El inicio de la comparecencia virtual estuvo marcado por el rechazo de los magistrados a un pedido de prórroga e instrumentación técnica solicitado por el nuevo defensor del psicólogo tucumano. Ante la intransigencia del tribunal – que lo intimó a asumir el cargo en las condiciones actuales o formalizar la renuncia -, se abrió una ventana de negociación que encendió las alarmas de la parte acusadora.
El defensor Martín Leiro, representante legal del también imputado Alan Cañete, ofreció unificar las personerías jurídicas y asumir la defensa técnica en conjunto de Rossi Colombo.
La propuesta cosechó la inmediata y tajante oposición del Ministerio Público Fiscal, que alertó sobre la existencia manifiesta de intereses contrapuestos que viciarían de nulidad el proceso, argumentando que las pericias demuestran que fue el propio Cañete quien convocó y coordinó el viaje de Rossi Colombo a la provincia de Corrientes durante las fases críticas de la instrucción.
Durante la argumentación ante el estrado, uno de los fiscales de la causa fue categórico respecto a las conductas desplegadas por los integrantes de la comitiva civil en la localidad de 9 de Julio: “Esta gente vino a interferir en la causa y la está entorpeciendo”, sentenció la acusación pública, ratificando la hipótesis de que las intervenciones en el naranjal y los hoteles buscaron influir de manera directa sobre los menores de edad antes de las declaraciones en Cámara Gesell.
Ante la complejidad del escenario y el riesgo de una indefensión técnica que afectara las garantías constitucionales del debido proceso, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos para deliberar sobre las alternativas logísticas de la causa.
Al reanudarse la actividad en la sala de audiencias, el Tribunal Oral Federal resolvió dejar sin efecto la declaración de rebeldía y levantar formalmente la orden de detención pesada sobre el profesional de la salud mental.
Con el fin de garantizar la continuidad de las audiencias del debate oral unificado, la justicia dispuso un esquema de asistencia dual: durante el resto de la sesión de este martes el imputado cuenta con la representación provisoria de la letrada Mirta Pellegrini, en tanto que a partir de las primeras horas del miércoles la defensa formal quedará bajo la tutela de la defensora pública oficial, Juliana Machado.
Un imputado rebelde y pedidos de detención
La jornada comenzó con la ausencia de Federico Rossi Colombo, acusado por el entorpecimiento de la investigación. Ante esto, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, solicitó su apartamiento del debate, la declaración de rebeldía y su posterior juzgamiento.
El tribunal hizo lugar al requerimiento y ordenó la detención inmediata.
Por otra parte, la fiscalía también pidió detener preventivamente al resto de los imputados que llegaron en libertad. Sin embargo, los magistrados rechazaron esta petición y mantendrán la condición actual de los procesados durante las audiencias.
Las defensas en el juicio
Siete personas enfrentan cargos directos por el ocultamiento y la sustracción del menor. Entre ellos se encuentran los familiares Laudelina Peña y Antonio Benítez, junto a la pareja conformada por Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi. Los fiscales apuntan a este grupo como los responsables de llevar al niño hacia la zona de naranjales previo a la desaparición.
Por su parte, el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava también está acusado de sustracción y ocultamiento. Las pericias en su camioneta Ford Ranger detectaron rastros odoríficos de Loan que complican su situación procesal. Asimismo, el excomisario Walter Maciel afronta cargos por encubrimiento agravado durante los primeros días de la búsqueda.
Declaraciones previas: “Los únicos responsables son Pérez y Caillava”
Minutos antes del inicio del debate, el abogado defensor de Maciel, Ricardo Vallejos, desvinculó a su cliente y apuntó hacia el matrimonio de Pérez y Caillava. “Siempre sostuve que esto fue un accidente y que los únicos responsables son ellos, y Laudelina por haber mentido”, afirmó.
Según sus declaraciones, la figura de participación necesaria que afronta el excomisario carece de sustento ante delitos culposos. Por otro lado, el defensor confirmó que Maciel se encuentra presente en el recinto.
Habló el abogado de Millapi y Ramírez: “No hay pacto de silencio“
Por su parte, Marcelo Hanson (abogado de Millapi y Ramírez) descartó las versiones sobre un presunto acuerdo de ocultamiento entre los detenidos. “No hay pacto de silencio, es una cuestión intrafamiliar”, expresó. Según su postura, la hipótesis fue impuesta por sectores periodísticos y la investigación falló al no profundizar en el entorno del niño: “Mientras eso no se aclare, va a ser difícil llegar a Loan”.
Hanson argumentó que sus defendidos necesitan con urgencia el desarrollo del juicio oral debido a que continúan privados de su libertad. El abogado insistió que el hecho se originó en el ámbito de la reunión y que no está probada una organización criminal. Finalmente, confirmó que Ramírez fue trasladado a Corrientes para el debate, mientras que Millapi permanecerá bajo prisión domiciliaria en Neuquén.
Imputados por entorpecer la investigación
Un segundo grupo de diez personas es juzgado por obstaculizar los procedimientos judiciales desde un hotel en la zona. Los acusados se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy para influir ilegalmente sobre los testigos clave. Prefectura Naval desbarató esta estructura paralela tras comprobar que retenían a menores y manipulaban los testimonios.
Entre los detenidos destaca Nicolás Gabriel Soria, apodado “El Americano”, quien fingía tener supuestos vínculos con Interpol. El resto de la banda incluye a Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López. Completan la lista de procesados Federico Rossi Colombo, Pablo Noguera, Leonardo Rubio y Delfina Taborda.
Este grupo afronta cargos por privación ilegítima de la libertad, estafas, encubrimiento, falso testimonio y usurpación de títulos profesionales. Existe gran expectativa por la posibilidad de que algún imputado rompa el pacto de silencio en las audiencias.
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