La propuesta está dirigida prioritariamente a abogados que desempeñen o aspiren a desempeñar funciones vinculadas a la litigación penal, la magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la defensa privada, y el ámbito académico. Está especialmente orientado a quienes operen o vayan a operar en el marco del Código Procesal Penal Federal; personas que intervengan en el sistema de justicia federales decir, abogados y abogadas litigantes de dicho fuero, funcionarios de la administración de justicia y ministerios públicos fiscales y de defensa.