Resulta absolutamente inadmisible y aberrante que, bajo el amparo de este proyecto, incluso Estados extranjeros queden explícitamente facultados para adquirir tierras rurales en nuestro territorio. Entregar el suelo patrio a gobiernos de otras latitudes y a grandes corporaciones económicas, no es buscar inversiones; es una cesión intolerable de nuestra soberanía nacional. Permitir que potencias extranjeras pongan pie de manera permanente sobre nuestros recursos estratégicos, como el agua, y los espacios en las zonas de fronteras ,constituye un peligro irreversible para la seguridad nacional y el futuro de las próximas generaciones.