Como informó LPO, el presidente de la Cámara de Casación Penal apeló a ese recurso para continuar en el órgano político del Poder Judicial que evalúa, controla, supervisa y sanciona a los magistrados. La discusión se originó porque varios consejeros pretendían lo mismo pero terminaba sujeto a la interpretación que se hiciera del desaguisado jurídico que quedó entre la ley original de 1998, la que impulsó Cristina como senadora en 2006 y lo que quedó después del fallo de la Corte Suprema en 2022, anulando una serie de artículos de la segunda y reponiendo la vigencia de la primera.