El letrado aseguró que existen “pruebas contundentes” dentro del expediente que demostrarían que la joven no se encontraba en la ciudad al momento de los hechos investigados, sino a más de 800 kilómetros de distancia, en el sector de un aeropuerto, donde —según sostuvo— se habría despedido antes de viajar.
En esa línea, Romero afirmó que los imputados no habrían estado presentes en la ciudad durante los días clave de la investigación, señalando que “ni el 29, ni el 30, ni el 1, ni el 2, ni el 3” se encontrarían vinculados a los lugares donde se centra la hipótesis del caso.
“SI HAY PRUEBAS, SE DEBE INVESTIGAR; PERO SI SON CONTUNDENTES, HAY QUE LIBERAR”
El abogado defensor sostuvo que la justicia debe actuar con equilibrio y objetividad, remarcando que si existen elementos que incriminan a una persona, la detención puede justificarse, pero si aparecen pruebas que descartan su participación, corresponde revisar la medida.
“Si hay elementos probatorios que condenen o involucren, hay que mantenerlo detenido, pero si hay elementos contundentes que determinan que no tuvo participación, se tiene que tomar la decisión de liberarlo y seguir investigando”, expresó.
En ese sentido, criticó la continuidad de la prisión preventiva, señalando que el proceso se prolonga sin una definición clara y que eso genera un daño irreparable en los imputados y sus familias.
PEDIDOS DE MORIGERACIÓN Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
Romero detalló que la defensa ha solicitado en reiteradas oportunidades la morigeración de la prisión preventiva, proponiendo distintas alternativas para garantizar la continuidad del proceso sin detención.
Entre las medidas ofrecidas mencionó:
Libertad con compromiso de no salir de la jurisdicción
Restricción de movimiento dentro de Villa Ángela o la región
Uso de tobillera electrónica
Detención domiciliaria
Sin embargo, aseguró que estas propuestas no fueron aceptadas hasta el momento, lo que mantiene a los imputados privados de su libertad.
CRÍTICAS AL IMPACTO HUMANO DE LA DETENCIÓN
El abogado hizo especial hincapié en la situación personal y familiar de los detenidos, señalando que uno de ellos es una persona mayor con problemas de salud, mientras que otro es un joven de poco más de 20 años que era estudiante de electrónica al momento de su detención.
“Por un capricho no se puede tener tanto tiempo a una persona detenida ni tampoco cortar la vida de un joven que estudiaba”, expresó, al tiempo que remarcó el impacto emocional y familiar que atraviesan tanto los imputados como sus entornos.
También mencionó que la situación afecta a familiares con problemas de salud, como la madre de uno de los acusados, y a su núcleo cercano.
FUERTES CRÍTICAS A LA INVESTIGACIÓN Y A LOS PERITAJES
Uno de los puntos más duros de las declaraciones de Romero estuvo dirigido a la validez de los informes de ciberdelitos incorporados a la causa.
El defensor cuestionó las versiones que ponen en duda la pericia digital realizada por la Policía del Chaco, asegurando que se trata de un trabajo técnico realizado por especialistas del área y que fue solicitado dentro del propio proceso judicial.
“Es increíble que se cuestione un informe elaborado por la propia policía, que tiene equipos y profesionales capacitados para este tipo de investigación”, sostuvo.
En ese sentido, también criticó a quienes desestiman los resultados de la pericia cuando no favorecen una hipótesis determinada, señalando que la prueba fue ofrecida e incorporada por las partes del proceso.
UN INFORME CLAVE EN EL EXPEDIENTE
El informe de ciberdelitos analiza la actividad digital de la joven, incluyendo redes sociales y datos de dispositivos vinculados a la nube, y establece movimientos temporales que, según la defensa, modificarían la reconstrucción del caso.
De acuerdo a esta pericia, la actividad registrada en redes sociales ubicaría a la joven fuera de la ciudad en el período clave de la investigación, lo que abre una nueva línea de análisis dentro del expediente judicial.
PEDIDO A LA JUSTICIA Y PRÓXIMAS DEFINICIONES
Romero insistió en que ahora la decisión está en manos de la justicia, particularmente de la fiscalía y de la Cámara, que deberá evaluar el pedido de revisión de la prisión preventiva.
“Esto lo tiene que resolver la justicia. Hay que analizar la prueba, no ignorarla”, afirmó el abogado, al tiempo que pidió una revisión integral del expediente a la luz de los nuevos elementos incorporados.
UN CASO QUE SIGUE GENERANDO DEBATE
La causa por la desaparición de María Luz Herrera continúa en etapa de investigación y análisis, con posiciones firmemente enfrentadas entre la defensa y la acusación.
Mientras la defensa sostiene que existen elementos contundentes que eximen de responsabilidad a los imputados y reclama su liberación, la investigación sigue en curso y con nuevas pruebas bajo evaluación judicial.
En este contexto, será la Cámara quien deberá definir en los próximos días el futuro procesal de los detenidos, en una causa que continúa generando fuerte repercusión pública.