Hay algo que no funciona bien. En los planes, el Gobierno quiere darles más atribuciones a los militares e insertarlos en tareas de seguridad interior, como se insinúa en el proyecto de ley llamado “Defensa de la Soberanía Nacional”. En la realidad, la administración de Javier Milei no logra detener la sangría en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), una de las principales preocupaciones de los uniformados. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, le pidió la renuncia al administrador del IOSFA, mientras hubo protestas porque la cartera planea dejar a 576 trabajadores civiles en la calle. La respuesta oficial fue la de siempre: policía y denuncias penales.