En el tramo final, Carreras plantea tres escenarios posibles frente a la diferencia entre las cifras: que sean incorrectos los datos oficiales, que sea incorrecta la información difundida por el Presidente o que las cifras de 30.000 sean verdaderas.
Sobre esta última posibilidad, advierte: “En ese caso, estaríamos ante el reconocimiento público de que en menos de dos años ingresaron y debieron ser expulsados 30.000 terroristas, lo que demostraría la inexistencia de una política de Estado efectiva para prevenir, detectar y contener el crecimiento de esta amenaza”.
Por eso, concluye que, cualquiera sea la explicación, “la situación resulta inadmisible y exige una investigación seria y urgente”.
La denunciante pidió finalmente que se investigue “la gravedad institucional de la afirmación pública de la existencia de 30.000 terroristas en el país” y que se determine si se trató de “un error, una exageración o una ocultación de información de seguridad nacional”.