La resolución fue apelada por la fiscalía, pero la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el sobreseimiento a principios de septiembre. El tribunal sostuvo que “la omisión punible debe ser maliciosa” y consideró que esa intencionalidad no había sido demostrada por la acusación.
Sin embargo, la fiscal adjunta de la Cámara Federal, Eugenia Anzorreguy de Silva, volvió a cuestionar esa decisión y pidió que el caso fuera revisado por Casación. La Cámara aceptó por mayoría que el expediente avance a esa instancia.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola consideraron que la Fiscalía “ha expresado en forma concreta los motivos en que funda su pretensión, citando específicamente los preceptos legales que estima violados e indicando la aplicación pretendida”.
En cambio, el juez Mariano Llorens votó en disidencia y sostuvo que “los argumentos desarrollados por la parte impugnante, que en lo medular tienden a reeditar las razones esgrimidas en la apelación, resultan insuficientes para avalar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal”.