El DNU 70/2023 derogó esa normativa mediante su artículo 154. Esa decisión había quedado judicialmente suspendida durante casi tres años, hasta que la Corte Suprema intervino la semana pasada.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había frenado la derogación. El argumento utilizado fue procesal: entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había iniciado la demanda, no contaba con legitimación suficiente.
La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del decreto. Sin embargo, su decisión dejó sin efecto el fallo que había impedido la derogación de la Ley de Tierras, por lo que la norma quedó nuevamente derogada.
Ahora, a partir de la cautelar dictada en La Plata, la Justicia puso el foco en la preservación de la información histórica sobre la propiedad rural extranjera y le exigió al Gobierno que precise qué datos tiene disponibles sobre las tierras bonaerenses.