"En las condiciones actuales, en el marco de un proceso plagado de irregularidades y de vulneración flagrante de las facultades de control de la Comisión Bicameral que integramos, la empresa (AySA) será adjudicada sin que se conozca su tasación, y nadie por fuera de la ATEP y el Poder Ejecutivo sabrá si el Estado vendió por su justo valor", señalaron los legisladores en la presentación.
"En dos años el Poder Ejecutivo armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado. Con ese circuito se está vendiendo AySA", subrayaron.
A su vez, indicaron que el Tribunal de Tasaciones de la Nación "contestó a las empresas que le pidieron tasación que sólo puede tasar bienes tangibles, o empresas, a partir de sus activos físicos, porque sus Normas Nacionales de Valuación no tienen una norma para tasar intangibles con enfoque de ingresos. Los informes circunstanciados enviados a la Comisión mencionan esas notas pero nunca fueron adjuntadas".
"Ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública en venta. Todas las normas aplicables exigen lo contrario", remarcaron respecto a la publicidad de estos actos.