La Justicia falló el 3 de mayo pasado a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en la acción de amparo que había presentado por las subas de las prepagas en contexto de cartelización.
La decisión obliga a las empresas a retrotraer los aumentos por encima de la inflación que dispusieron desde el 1º de diciembre de 2023 en adelante y devolver lo cobrado por fuera de los índices del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fallo afectó en un principio a un universo de 23 empresas que representan al 95% de los usuarios de las entidades de medicina prepaga. Luego el Gobierno fue sumando prepagas a la lista y ahora son 41 en total.