El rechazo a la colaboración fue mediante una nota firmada por la ministra Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete del ministerio, Carlos Manfroni. En el documento se cuestiona el decreto que permite que la CONADI puede solicitar documentación de efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad a través de la “Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.La CONADI fue creada por ley y dentro de la comisión, por decreto, hay una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones, puntualmente, sobre presuntos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con la apropiación de niños durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona.En este marco, mediante 70 expedientes, la Conadi pidió al Ministerio de Seguridad diversos legajos de los efectivos de las fuerzas, una práctica que venía llevando a cabo de manera ininterrumpida desde la creación de la unidad, y se les fueron negados. “En primer lugar –expresa la nota de Seguridad–, debemos señalar que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, apuntaron.En este sentido, afirmaron que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”.