En ese sentido, la abogada señaló que el rechazo a la comunicación entre los imputados se basa también en que ha quedado demostrado a lo largo del expediente el nivel de organización que han tenido para obstaculizar la investigación.
La sugerencia para habilitar la comunicación fue realizada en la última semana de agosto por el Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y/o Degradantes, organismo que no funciona bajo la órbita ni responde al Poder Ejecutivo.
Respecto a la continuidad como querellante por parte del Estado, Barud especificó que hasta el 9 de diciembre continuará ejerciendo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en la causa de Cecilia Strzyzowski y en 58 causas más. Una vez que asuma el nuevo gobernador, su equipo deberá decidir si continúa con el acompañamiento a las causas o retira la querella estatal.