El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada por Cristina; sus representantes legales; o un tercero, que puede ser una ONG, un abogado o un ciudadano con interés legítimo.
Una vez hecho el pedido alegando violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH evalúa si se cumplen los requisitos formales como el agotamiento de recursos internos, el plazo de 6 meses desde la última resolución judicial definitiva y la no duplicación, es decir, que no este en estudio el caso en otra instancia internacional.
Si la CIDH admite la denuncia, estudia el caso y determina que hubo violación de derechos (ejemplo, debido proceso, persecución política, etc), emite informe de fondo que incluye und etalle con todos los hechos y derechos violados y recomendaciones al estado argentino. En esta instancia si el estado no cumple , la CIDH puede mandar el caso a la Corte Interamericana.
Si la Argentina no cumple con las recomendaciones dentro de un plazo estimado, puede condenar al Estado argentino, ordenar reparaciones y eventualmente exigir la nulidad del fallo o medidas para restituir derechos como el ser candidata.
La abogada Andrea Pochak representa a la Argentina en la Corte Interamericana, pero al ser argentina no tiene voto en el caso de Cristina.
"Hay que tener en claro que la Corte Interamericana no es un tribunal de alzada o apelación de la justicia argentina. No tiene la facultad de dejar sin efecto una sentencia de la Corte Suprema de la Argentina. Pero en caso que acepte los argumentos de violación al debido proceso, puede dictaminar que Argentina violó el Pacto de San José de Costa Rica y pedir a Argentina que adecue su conducta, por ejemplo, mediante un nuevo juicio", puntualizó el abogado consultado.
El problema es que un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un gobierno es un durísimo golpe internacional, que se suma a la condena de la OEA que ya recibió la Argentina por los ataques del gobierno a la prensa.
Es una situación incómoda. Tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina, dos de los tres países latinoamericanos del G20 también.
Por eso, en el gobierno de Milei están molesto por los costos que puede generarle esta situación tanto en las cumbres políticas como en otros ámbitos globales a partir de la denuncia en la justicia internacional.
Un diplomático con experiencia en organismos internacionales dijo a LPO que "la condena a Cristina ahora estará presente en todas las instancias de representación. Los embajadores estaban complicados para lograr consensos antes de esto, ahora será peor".
"Milei cree que con el apoyo de Estados Unidos alcanza para defender esta condena, pero el mundo y los acuerdos que tiene Argentina con otros países, especialmente con la región son muchos", agregó.
"Decimos que somos la salvación de los valores de la libertad de Occidente y tenemos a la líder de la oposición presa, eso nos quita prestigio internacional", concluyó el diplomático.