El costo energético se consolidó como el principal problema económico de la planta. «Los fasones sólo cubren salarios», advirtieron los síndicos, quienes explicaron que la electricidad representa un gasto mensual que supera incluso los ingresos que obtiene la empresa por los trabajos que realiza. La situación se agrava por las deudas acumuladas con la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), que el 20 de octubre intimó a la compañía a pagar $4.603,9 millones bajo advertencia de suspender el suministro, y cuyo saldo exigible al 9 de octubre superaba los $9.281 millones.
La recomendación comprende la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. En estas últimas, la campaña de desmote terminó en octubre y la próxima comenzará recién con la cosecha 2027, por lo que las plantas no generan ingresos propios y sus gastos se cubrían con anticipos de Vicentin correspondientes a trabajos futuros. El impacto sobre el empleo alcanzaría a 204 trabajadores en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo, a quienes se les extinguirían los contratos laborales por causa de la quiebra.
La Sindicatura aclaró que el cese de la explotación no implica el abandono de las plantas, y solicitó que se adopten las medidas necesarias para que los empleados puedan acceder a las prestaciones por desempleo y reclamar el cobro de sus créditos laborales. Asimismo, propuso mantener una dotación mínima en cada establecimiento para tareas de vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios, con el objetivo de conservar las instalaciones y la maquinaria de alto valor hasta que se concrete su venta. Mientras la Justicia avanza con el proceso de venta de los activos, la decisión del juez Lorenzini definirá el futuro de cientos de familias que dependen de una empresa que durante décadas fue un pilar de la economía en cada ciudad donde tiene una planta fabril.