El Congreso respaldó dos veces la Ley de Financiamiento Universitario: la primera cuando aprobó el proyecto original y la segunda cuando ambas cámaras rechazaron el veto del presidente Javier Milei, quien ya había actuado de la misma forma con el la ley de 2024, aunque en ese momento el parlamento sí le dio el aval para que lo hiciera. Al momento de promulgarla, Milei lo hizo con trampa: no le asignó fondos, por lo que su aplicación quedó pendiente.
En el Boletín Oficial del 21 de octubre, el Presidente explicó que "corresponde que el Poder Ejecutivo promulgue la ley", pero "quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere". "Al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a habilitar una readecuación de partidas presupuestarias", agregó.
La lucha entre Milei y las universidades nacionales no es nueva: desde que asumió, el Presidente aseguró que no tenía un encono con las universidades, sino que simplemente buscaba auditarlas, pero ese argumento quedó rápidamente desmentido, ya que las universidades ya tenían asignadas sus auditorías correspondientes y rindieron sus cuentas. Sin embargo, la realidad parece abogar por la versión de que Milei tiene un encono personal con las universidades públicas: con un presupuesto años atrasado, parece imposible evitar su vaciamiento salvo que, contra todo pronóstico, haya un giro de 180 grados.