En ese requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF sostuvieron su convencimiento de que el niño no se extravió y que los siete principales imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento.
La segunda causa se inició en la justicia federal respecto de Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Estas personas llegaron a la localidad correntina como integrantes —aunque luego se determinó que no lo eran— de una asociación contra la violencia infantil y mantuvieron contacto con testigos e imputados.
Oportunamente, la fiscalía federal consideró que habrían incurrido en una serie de maniobras para desviar la investigación. En virtud de ello, les imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.