Entre los argumentos para justificar la polémica medida, el Gobierno mencionó la “urgente” necesidad operativa “de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo en áreas donde el conocimiento profesional acumulado es determinante". La gestión de Milei señaló que el decreto “se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio, fortaleciendo la conducción del sistema de defensa", al tiempo que “corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al limitar el acceso del personal militar a funciones para las que resulta plenamente idóneo”.