El hostigamiento continuaba con nuevas advertencias sobre una inminente detención y la exposición pública del caso. Luego llegaba la exigencia económica presentada como la única alternativa para evitar la causa judicial. En otro de los audios analizados por los investigadores, enviado a otra víctima, el falso agente presionaba: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico… ¿Para vos cuánto vale tu libertad?”
Según la reconstrucción del expediente, las solicitudes iniciales podían alcanzar los 500 mil pesos y luego eran negociadas con la víctima, incluso aceptando pagos parciales a través de transferencias electrónicas. Paralelamente, los extorsionadores imponían el aislamiento: “Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad”, advertían, mientras incrementaban la presión con amenazas de detención inmediata.
La investigación judicial sostiene que el esquema era coordinado desde unidades penitenciarias bonaerenses, con apoyo externo para manejar cuentas bancarias y retirar el dinero. La hipótesis oficial indica que este mecanismo de amenazas y hostigamiento fue el contexto previo al suicidio del joven militar ocurrido dentro de la residencia presidencial.