El impacto del conflicto no se limita solo a los empleados, sino que alcanza a cientos de familias del departamento de Río Chico, cuya economía está fuertemente vinculada a la actividad industrial del calzado.
El convenio de emergencia que permitió mantener la actividad con jornada reducida venció el 28 de febrero, y las negociaciones para renovarlo no avanzan, lo que aumenta la incertidumbre en el sector. Ante la falta de respuestas por parte de la empresa, los delegados y la conducción local del gremio buscan concretar una reunión urgente con el Gobierno de Tucumán. La intención es explorar mecanismos de asistencia, mediación o programas que sostengan la industria y eviten despidos masivos.
Mientras tanto, los trabajadores siguen presentándose a sus puestos a pesar de la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la planta, que es una de las más importantes de la provincia y un motor clave para la economía regional.