Por otra parte, Pinazo comparó ese costo con otras decisiones fiscales en discusión. Mientras el Poder Ejecutivo argumentaba que no contaba con recursos para financiar una ley que demandaría 0,36% del PBI en 2026, al mismo tiempo sostenía ante el Congreso que podía resignar 0,71% del PBI en recaudación en el marco de la reforma laboral. “En otras palabras —sostuvo el rector—, se afirma que no hay recursos para financiar una ley que cuesta 0,36% del PBI, mientras se propone una iniciativa que implica renunciar a casi el doble de ese monto en ingresos tributarios”.