El análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad bajo criterios de racionalidad. La iniciativa agrupa las leyes en seis categorías que justifican su baja, tales como el desfasaje tecnológico o la creación de organismos inoperantes. El Gobierno asegura que la medida permite "optimizar el funcionamiento de las instituciones".
El proyecto pone especial énfasis en aquellas leyes que vulneran principios constitucionales o limitan libertades individuales. Un ejemplo es la norma que autoriza la supervisión estatal sobre reuniones privadas, calificada de abiertamente inconstitucional por las autoridades actuales. El texto señala que "la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública" y genera ineficiencias operativas.