Es justamente debido a las resistencias de este sector electoralmente afín al Gobierno que buscan una nueva normativa de consenso que permita dejar satisfechas a ambas partes. La modificación implicaría que ante cada siembra el productor deba pagarle a la empresa que le proveyó las semillas originalmente. Tanto en el ministerio de Sturzeneguer como en el lobby multinacional mencionan que por la falta de protección a las patentes de las semillas transgénicas, el país no logra aumentar su capacidad productiva pese a que cuenta con los recursos humanos y la capacidad de investigación. “La soja en argentina tiene un rinde del 0,6 y en EEUU del 1,1. Las condiciones climáticas y naturales tienen que ser estudiadas de manera local. Por eso el desarrollo científico se tiene que hacer acá. No se puede traer una semilla de la zona tropical de Brasil”, argumentan.