El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El argumento oficial es siempre el mismo: la ley no establece explícitamente las fuentes de financiamiento y su aplicación generaría un deterioro de las cuentas públicas. Pero los camaristas sostuvieron que el impacto no es significativo y además indicaron que el Ejecutivo no puede suspender una ley del Congreso basándose en normas de administración financiera de igual o menor jerarquía normativa.
Tras el fallo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo y exigió su cumplimiento para que se levanten las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes desde el inicio del ciclo lectivo. "Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes", advirtió.