Ya en noviembre de 2025 hubo faltante de vacunas contra Covid aunque el Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas de la OPS había cumplido con sus compromisos regionales: el año pasado entregó más de 234 millones de dosis a los países del continente, lo que permitió ahorros que en muchos casos rondaron el 50% respecto de los precios de mercado. El organismo opera en cuatro etapas (evaluación de necesidades, consolidación de pedidos, adquisición internacional y logística de entrega hasta el país de destino) y ahí termina su responsabilidad.
Lo que ocurra con esas vacunas dentro de cada país depende del Gobierno Nacional correspondiente. La distribución es extremadamente compleja. Las vacunas tienen una vida útil limitada, lo que exige una planificación escrupulosa. “Con la Argentina y con todos los países, nosotros la iniciamos en junio para el año siguiente –explica Santiago Cornejo, gerente ejecutivo de los Fondos Rotatorios de la OPS desde Europa–, porque una vacuna no llega de un día para el otro y no tenemos stocks acumulados. Parte del beneficio de los Fondos es que nosotros trabajamos a mediano y largo plazo, consolidamos demandas, entonces el trabajo se hace mucho antes. Todos los países, incluida la Argentina, nos envían su demanda el año anterior. Cuando hay problemas de acceso a través de los Fondos, dado el volumen que consolidamos, tenemos una capacidad de negociación muy grande, entonces cuando no nos pueden cumplir a nosotros, no le cumplen a nadie”. De acuerdo con Cornejo, las demoras se registran desde hace unas semanas dado que muchas aerolíneas de Medio Oriente, que utilizan como distribuidores, ya no pueden hacerlo y también están aumentando los precios. “Quisimos dar a conocer esa situación a los países para que no haya sorpresas”, destaca.
La Ley 27.491, sancionada en 2018, establece que el Estado nacional debe comprar, distribuir y garantizar la logística del calendario obligatorio. Las provincias no tienen margen legal ni presupuestario para suplir esa función. Con un agravante: el país depende casi exclusivamente de proveedores internacionales para la mayor parte de sus vacunas (la Argentina desarrolló una excelente inmunización de refuerzo contra el Covid –la Arvac “Cecilia Grierson”–, pero el Ministerio no la adquirió).
El faltante de vacunas es particularmente preocupante porque la pandemia produjo lo que los informes oficiales del Ministerio de Salud calificaron como "el impacto negativo más importante de la historia de la vacunación en el país". En 2020, la triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas) cayó 8,4 puntos porcentuales; la vacuna antipoliomielítica, 8,5 puntos; la BCG, que se aplica en recién nacidos antes de dejar la maternidad, 5,6 puntos.
Los años siguientes mostraron una recuperación parcial que no logró sostenerse. En 2021 algunos grupos etarios recuperaron valores cercanos a los prepandémicos, pero en 2022 la tendencia volvió a deteriorarse para varias vacunas clave. En 2023, ninguna cobertura superó el 90%, y la BCG llegó a su mínimo histórico reciente: 69%.
Los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación para 2024, analizados por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), configuran el peor escenario registrado. El denominador común es que ninguna vacuna prioritaria alcanzó la meta del 95% y varias cayeron por debajo de la mitad de la población objetivo.
En el grupo de niños de 5 a 6 años, donde se aplican refuerzos decisivos para la inmunidad colectiva, los números son particularmente alarmantes: la segunda dosis de la triple viral a los cinco años cayó al 46% (era 90% entre 2015 y 2019); el refuerzo de la polio a la misma edad, al 47% (era 88% en 2019), y la triple bacteriana celular, al 46% (era 88%).
En lactantes, la caída también es notoria: la tercera dosis de la vacuna quíntuple (que protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae b) alcanzó al 78,8% de los bebés de 6 meses, y el refuerzo a los 15-18 meses apenas llegó al 68,4%. En adolescentes, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), clave para la prevención del cáncer de cuello uterino, registró coberturas del 55% en mujeres y 51% en varones, mientras que la dTpa (contra tos convulsa, difteria y tétanos) cayó del 82% al 54%.
Los efectos de la caída sostenida en las coberturas ya tienen consecuencias epidemiológicas concretas. Más allá del brote de coqueluche, en 2024, la Argentina registró 35 casos confirmados de sarampión, enfermedad que se había eliminado en el continente, y la mortalidad infantil aumentó un 0,5% por primera vez desde 2002.
El mecanismo que explica estos brotes es bien conocido para la epidemiología: cuando la cobertura vacunal cae por debajo del umbral necesario para la inmunidad de rebaño, que varía según la enfermedad pero en el caso del sarampión se estima en el 95%, se acumula una masa crítica de personas susceptibles. Cuando un caso importado o un foco local irrumpe en esa población, el contagio se propaga con facilidad.
Entre las causas que explican semejantes descensos se mencionan el debilitamiento de la atención primaria, el desgaste por la pandemia, la desinformación, restricciones al acceso. Las acciones destinadas a revertir esta situación son cruciales si se tiene en cuenta que la vacunación es, junto con el acceso al agua potable y el saneamiento, una de las intervenciones de salud pública más costo-efectivas de la historia. Cada dólar invertido en vacunación genera retornos de hasta 26 dólares en costos evitados de atención médica y productividad recuperada, según estimaciones del Banco Mundial.