La CGT permanecía con bajo perfil desde el paro nacional del 19 de febrero y se encontraba a la espera de novedades en Tribunales por las causas presentadas contra la reforma laboral. Mientras tanto había recibido del Ejecutivo la versión de que los funcionarios no tenían previsto apurar la reglamentación de la norma para aguardar una mejora en las condiciones económicas. La idea, hasta entonces, era no ahondar la tensión social esperable de la aplicación de artículos sensibles como los bancos de horas, los fraccionamientos de las vacaciones, las negociaciones salariales a la baja o las limitaciones estrictas al derecho de huelga.
El fallo de Ojeda volvió a tensar el vínculo con el Gobierno y liberó las manos de la “mesa chica” de la central obrera para avanzar con una nueva demostración de fuerza callejera. La última oportunidad en que la CGT se movilizó fue el 11 de febrero para acompañar el tratamiento parlamentario de la norma.
Pero, a diferencia de la módica convocatoria de febrero, para el 30 de abril la organización pretende volcar a decenas de miles de personas a la marcha y a lograr una conducta similar del resto de los adherentes. Si bien se hará en coordinación con el resto de las centrales y la UTEP, en el caso de la política se esperará una eventual incorporación por cuenta de cada sector. La premisa vale tanto para el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, como para La Cámpora, de Máximo Kirchner.