Entre las razones técnicas de la apelación, la Fiscalía destaca el apartamiento de las facultades instructoras del tribunal, recordando que según el Código Procesal Civil y Comercial, los jueces tienen el deber de intentar la conciliación y promover medios alternativos de resolución de conflictos en cualquier etapa del proceso, incluso en la ejecución. El Ejecutivo provincial propone una solución armónica que consiste en permitir que el Municipio lotee la mitad del terreno ocupado históricamente por criollos, mientras que la otra mitad se destine a las comunidades originarias, compensando a estas últimas con 75 hectáreas adicionales de tierras productivas y libres de ocupantes. Esta propuesta, insisten, requiere la convocatoria urgente a una mesa de diálogo con intervención de todos los sectores involucrados.