El miércoles, las casas de altos estudios de todo el país hicieron una vigilia de 24 horas con clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres, asesoramiento legal y económico gratuito, y servicios de salud como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria para denunciar que “la universidad no se apaga, se prende”. “En los últimos días, mostramos que la educación pública se está movilizado y ese es el camino que vamos a seguir. Estamos acordando con todos los sectores para la gran movilización de mayo, esa es la respuesta política más eficaz ante los intentos dilatorios del Gobierno”, le dijo a este diario el dirigente de la CONADU Federico Montero.
Hoy, algunos gremios continuarán con medidas de lucha. Incluso, los colegios preuniversitarios participarán de una Marcha de antorchas en Callao y Corrientes. Por su parte, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) hará una jornada de protesta en todo el país. “No hay ningún argumento para que no destinen los fondos. Se convertiría en un gobierno profundamente antidemocrático, ilegítimo e ilegal si no cumple con el envío de los fondos, tanto para las universidades como para las becas y para los salarios de trabajadores docentes y no docentes”, le dijo el secretario General, Daniel Ricci, a este diario. Según el último informe de esa federación junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores universitarios llevan 17 meses seguidos de caída salarial, lo que equivale a un 33.7 por ciento de pérdida real. “Se necesitan más del 50 por ciento para recuperar lo que perdieron”, indicaron.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) remarcaron que seguirán en las calles para reclamar por su futuro. “Las jornadas abiertas de 24 horas nos dan un balance positivo, se sumaron más de 40 universidades, lo que nos demuestra que esta forma innovadora de reclamar cumplió el objetivo. Al no haber una respuesta en los próximos días, seguiremos movilizándonos”, le dijo el presidente del espacio, Joaquín Carvalho, a Página/12.
El rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, señaló la gravedad institucional que tiene la postura de la Casa Rosada. “Acá hay algo más profundo, lo que está en juego es el sistema democrático y republicano mismo porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución para decidir qué ley aplicar y cuál no. Esto no es un menú a la carta donde yo elijo qué comer. Es un principio republicano básico de la división de poderes. El tercer poder que actúa ante una controversia, que es la Justicia, nos da la razón y el Gobierno tampoco nos escucha”, dijo.
Ante un Poder Ejecutivo que no escucha al Legislativo y tampoco al Judicial, la lucha continuará en las calles.