El expediente judicial se originó a partir de cuestionamientos tras la suspensión de un partido amistoso entre Argentina e Israel en el año 2018, que habría derivado en una onerosa fiesta en el Sofitel y la compra de inmuebles y autos. Se sospechaba que el pago indemnizatorio por la cancelación del encuentro deportivo podría haber financiado la compra de propiedades y vehículos de lujo.
Tras recolectar informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), instituciones bancarias, registros vehiculares y de propiedad, el fiscal Jorge Dhal Rocha no halló ninguna irregularidad en las cuentas. El análisis pericial concluyó que los ingresos percibidos por Tapia en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Conmebol avalan perfectamente su nivel de vida.
La resolución judicial también descartó cualquier sospecha sobre el delito de administración fraudulenta vinculado al contrato del evento deportivo entre el seleccionado argentino y el israelí, que finalmente fue cancelado. El juez consideró que la suspensión del encuentro en Jerusalén resultó una decisión "razonable y prudente" y aseguró que "no configura delito alguno".
Sobre la situación financiera familiar, la investigación patrimonial llevada a cabo respecto de los Tapia determinó que "no se observaron elementos que permitan sostener una imputación relativa a una maniobra vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos".