Mientras tanto los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron al gobierno que declare un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al gobierno, la Fiscalía, la policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al gobierno a declarar estado de excepción en casos de “conmoción interna” en todo o parte del territorio nacional, sin que eso implique la suspensión de los derechos de la población. La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación. Cochamanidis convocó, además, a una “gran marcha en defensa de la democracia” que, aseguró, será “pacífica” y “contundente” y espera que se replique en las otras ocho regiones bolivianas.
La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025). Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre. La inflación interanual fue del 14 por ciento en abril.