La decisión mendocina tiene, sin embargo, un elemento adicional que explica la repercusión que alcanzó en el ámbito laboral. El trabajador había sido despedido el 7 de agosto de 2023, casi tres años antes de la aprobación de la reforma laboral libertaria. El tribunal entendió que la modalidad de cancelación de la condena podía aplicarse igualmente, aun cuando el conflicto judicial se hubiera originado bajo otra legislación. Esa interpretación abrió un debate sobre el alcance temporal de la norma y sobre la posibilidad de que empresas demandadas en expedientes ya iniciados recurran ahora a este mecanismo para morigerar el impacto económico de futuras sentencias.