El documento del Gobierno contra las medidas docentes, que lleva la firma del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, plantea que “la autonomía universitaria no implica una zona de exclusión de las leyes nacionales ni de los deberes de los funcionarios públicos”. El mismo gobierno que ignora y elude desde hace 212 días el cumplimiento de la Ley de Financiamiento bajo la eterna premisa de proteger el equilibrio fiscal, ahora vuelve a mostrar preocupación por “el derecho a enseñar y aprender” que “se encuentra consagrado en nuestra Constitución y resulta un pilar estratégico para el desarrollo del capital humano de nuestro país”, según el funcionario.