Para justificar este recorte, el Gobierno se ampara en el Decreto 883/2024, que desreguló el transporte automotor interjurisdiccional. Según la mirada de la secretaría de Transporte, al existir ahora una "libertad tarifaria" que permite a las empresas fijar libremente sus precios y recorridos, la causa estructural que justificaba el subsidio ha sido "superada". Para la lógica libertaria, los operadores ahora tienen la capacidad de "internalizar dentro de su estructura de costos" las obligaciones legales, una frase técnica que oculta una transferencia de responsabilidades del Estado hacia un sector privado que ya se encuentra en pie de guerra.