En los fundamentos de la resolución, el fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón sostuvo que los honorarios abonados a la profesional interviniente mantuvieron correspondencia con los valores de referencia establecidos por el Colegio de Escribanos. La auditoría determinó que los montos abonados superaron en aproximadamente un 11% el mínimo indicativo establecido por la entidad profesional, diferencia que fue considerada compatible con las prácticas habituales del mercado. A partir de estas conclusiones, la Fiscalía señaló expresamente que los importes analizados “no resultan excesivos ni irrazonables”, por lo que resolvió finalizar la investigación sin formular cargos, imputaciones ni remitir antecedentes a la Justicia Penal.