Las dos entidades intervienen bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal) ante el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. Las organizaciones sostienen que existen elementos suficientes para avanzar penalmente contra el jefe de Estado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
Las entidades dijeron que la intervención del presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Las claves del pedido de indagatoria:
Promoción gubernamental: La acusación se originó luego de que Milei utilizara sus canales oficiales en redes sociales el 14 de febrero de 2025 para invitar a la ciudadanía a invertir en el criptoactivo $LIBRA.
Evidencia digital: La solicitud se fundamenta en peritajes clave de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip). Encontraron en el teléfono de un coimputado un borrador de un acuerdo confidencial por un valor estimado en US$ 5 millones.
Información privilegiada: Informes adicionales de la Policía Federal determinaron que la dirección del contrato de blockchain difundida por el mandatario no estaba disponible públicamente de forma previa. Esto indicaría un acceso anticipado a la información del negocio privado.