En abril de este año, el Congreso modificó la Ley de Glaciares. La reforma descentralizó el control y flexibilizó la protección para permitir actividades extractivas, como la megaminería, en zonas de montaña. Con la modificación, las provincias pasaron a tener la potestad de decidir qué glaciares y ambientes periglaciares cumplen una “función hídrica comprobada”, debilitando el criterio uniforme que regía a nivel nacional. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, órgano científico del Conicet que elaboraba el inventario nacional, pasó a tener una función acotada de registro, sin limitar el criterio de cada provincia. Los gobernadores que más empujaron la reforma fueron Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Marcelo Orrego, de San Juan.
Un dato llamativo fue la confirmación del ingreso de Argentina a la Pax Silica, la iniciativa de Donald Trump y Peter Thiel para disputarle a China el control de la inteligencia artificial. En un extenso hilo en X, el abogado Pablo Serdán explicó e invitó a reflexionar: “Filipinas fue el primer país donde se experimentó esta alianza con un hub físico. Allí, Estados Unidos ofreció inversiones ocupando un territorio filipino sin pagar renta, administrado bajo su propia ley y con inmunidad diplomática, como si fuera una embajada. Si a Filipinas, un socio que ya fabrica chips, le piden ceder soberanía sobre un pedazo de territorio, ¿qué le espera a un país que entra un escalón más abajo, solo como proveedor de minerales?”.