En su resolución, el juez Ariel Lijo convalidó en su totalidad los argumentos de la fiscalía. Para destrabar el nudo constitucional, el magistrado diferenció con precisión técnica los conceptos de “sujeto de prueba” y “objeto de prueba”. El fallo sostiene que la garantía contra la autoincriminación protege al ciudadano de ser obligado física o moralmente a formular declaraciones de contenido intelectual o testimonial relativas al hecho investigado, es decir, a manifestar conceptos que deban provenir de su libre voluntad. Por el contrario, la voz, al igual que las huellas dactilares, la escritura o el ADN, constituye un rasgo biométrico y físico identificatorio de carácter material. De este modo, la toma de una muestra sonora no equivale a forzar una confesión, sino a acceder a una característica corporal objetiva sujeta a examen pericial.