Una vez que encontró el comunicado correcto se dedicó a leerlo con la cadencia de un alumno de primaria cuya maestra le pide que lea un cuento frente a toda el aula: pausando para pronunciar los nombres propios. Al terminar de recitar un documento con siete meses de existencia como si lo hubieran escrito recién, se sinceró: “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería. En todo caso, si nos deja el contacto, averiguamos las medidas concretas que ahora se están tomando para ampliar. Yo, en este momento, no tengo más información”.
Aunque su contenido no es novedad, cabe recordar que en el comunicado del 11 de diciembre, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno repudió la decisión unilateral del Reino Unido retomando la Resolución 2065 de las Naciones Unidas que “reconoce la existencia de una disputa de soberanía por las islas Malvinas e insta a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia”. De todas maneras, el texto no fue acompañado de ninguna acción formal.
Como antecedente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó en 2015 durante su mandato una demanda contra un grupo de petroleras por explorar y explotar hidrocarburos de forma ilegal en la cuenca de las Islas Malvinas. Tras ello, la ex jueza Lilian Herráez ordenó una multa por 156,4 millones de dólares, el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento, por lo cual varias empresas se retiraron del proyecto. Sin embargo, luego del acuerdo Foradori-Duncan firmado por Mauricio Macri, las siguientes administraciones nacionales no avanzaron en la causa penal.