En concreto, el artículo 37 del anteproyecto dispone que las contribuciones obligatorias dirigidas al instituto dejarán de regir desde el 1° de octubre de 2027. El borrador ordena además que, a partir de esa misma fecha, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dejen de aplicar, cobrar, retener o recaudar esas contribuciones. También prevé suprimir los convenios y procedimientos administrativos relacionados con ese mecanismo de financiamiento.