La iniciativa incluye varios cambios a las legislaciones actuales para facilitar los desalojos, dándole nuevas atribuciones a las fuerzas de seguridad y acortando plazos. Pero uno de los apartados que más preocupó a los especialistas en aquel momento fue el que modificaba el régimen que regula el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), cuyo objetivo debería ser el uso social de las viviendas incluidas en el programa estatal. El proyecto establecía que, después de la primera adjudicación de las viviendas regularizadas como vivienda única y familiar, las ventas y transferencias posteriores "podrán celebrarse a cualquier persona humana y/o jurídica, y sin limitación alguna en relación al fin y/o destino que el nuevo propietario decida darle".