El hecho desató un fuerte cortocircuito político entre las autoridades fueguinas y el gobierno de Javier Milei. La terminal portuaria se encuentra actualmente bajo la órbita nacional tras una intervención, una medida objetada ante la Justicia por la provincia austral.
Desde el Ejecutivo local calificaron la situación como "inadmisible" frente al reclamo soberano del país. Los funcionarios señalaron la contradicción de habilitar a una embarcación británica en la capital de una provincia con parte de su territorio bajo control extranjero.
El diferendo territorial abarca el control sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Ante este escenario, el gobierno fueguino emitió un comunicado oficial con cuatro exigencias concretas para la Casa Rosada.