La medición de la pobreza es unidimensional, o sea que solo se tiene en cuenta un factor que son los ingresos. Hay un piso mínimo para determinar si alguien es pobre o no, que es la Canasta Básica Total (CBT). Es una canasta de bienes y servicios, con fuerte preponderancia de los alimentos. Las clases más vulnerables gastan la gran mayoría de sus ingresos en comida y vivienda al no tener resto para destinar a bienes o servicios denominados secundarios.
En el relevamiento que el INDEC hace a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se comenzó a incluir desde finales de 2024 ingresos como la AUH o la Tarjeta Alimentar que no provienen del trabajo. En gran parte esas herramientas, tan criticadas por Milei, explican la baja de la indigencia. Si bien es correcto tenerlas en cuenta, hasta diciembre de 2023 no se hacía, lo que indica que si se hubiera relevado, la pobreza del gobierno anterior también hubiera sido más baja de lo que fue.
Pero por otro lado, la canasta sigue basándose en los datos de 2004/05 en lugar de los más recientes de 2017/18. Entonces no se tienen en cuenta la masividad de internet, servicios digitales, telefonía móvil y el aumento del peso de los servicios públicos en los gastos de los hogares. Si bien el cambio lo debería haber hecho primero el Gobierno de Alberto Fernández, la administración actual le saca provecho porque desde diciembre de 2023 los servicios aumentan más que la comida, motivo por el cual tampoco actualiza el cálculo de la inflación.