Durante la audiencia, las autoridades empresariales rechazaron las acusaciones de vaciamiento y de una supuesta provocación deliberada de la crisis. La compañía se encuentra en concurso preventivo de acreedores que busca reestructurar un pasivo total estimado en US$ 350,9 millones con quitas y pagos a largo plazo. En medio de este panorama, la empresa argumentó que la afectación de fondos y cobranzas vinculadas a obligaciones anteriores a las presentaciones concursales limita su capacidad para afrontar compromisos corrientes y recuperar el funcionamiento de los establecimientos.