Entre ellos figuran las obras sociales de gremios de la energía (petroleros y personal del gas) y la propia prestadora de Obras Sanitarias, bunker del mayor referente de CGT en la materia, José Luis Lingeri. Pero también las de sindicatos como la Asociación Bancaria, Aeronavegantes y el del personal de la industria del vidrio (Seivara), entre otras. Esos gremios alegan estar en una situación muy diferente porque sus acuerdos con prepagas fueron para la prestación de servicios puntuales mediante la contratación de una cápita determinada (es decir una porción de los afiliados propios que pasaron a obtener beneficios complementarios) sin desentenderse de la responsabilidad primaria sobre ese padrón.
La primera reacción institucional se diseñó en una reunión de la "mesa chica" en el gremio de estatales UPCN hace dos semanas. Allí, como reveló este medio, acudieron Daer, Andrés Rodríguez (anfitrión), Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) y Cristian Jerónimo (Seivara). Este grupo conocía de antemano que los denominados "sellos de goma" se aprestaban a iniciar una ola de presentaciones administrativas, demandas en el fuero Civil y Comercial y hasta otras de carácter penal contra Lugones por violación de acuerdos circunscriptos al ámbito del derecho privado.
La estrategia de los sectores más tradicionales de la CGT fue, en cambio, abrir una negociación destinada a armar un dique que separase la problemática de los "sellos de goma" de la de las obras sociales con acuerdos complementarios. El mensaje a Caputo y Lugones fue sencillo: si les regresaban los afiliados a las prestadoras protegidas bajo el paraguas de la "mesa chica" no habría presentación judicial alguna de este grupo, además de buena predisposición para encarar paritarias a gusto del Gobierno (es decir, por debajo de la línea inflacionaria) y prudencia declarativa en la crisis por el escándalo cripto que enchastra a Javier Milei.
La semana pasada Lugones y un puñado de dirigentes guiados por Daer terminaron de pulir los puntos centrales del acuerdo "de caballeros". Resolvieron que las obras sociales protegidas por la CGT harían presentaciones individuales ante la SSS para validar sus acuerdos prestacionales con prepagas y solicitar la reinstalación de los afiliados perdidos. En ese pacto la suerte de los "sellos de goma" quedó echada y sólo pendiente del resultado de su propio plan judicial dirigido por el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados y exministro de Justicia.
En Salud, no obstante, descartaron ante El Destape una norma aclaratoria de la resolución 1/25 y también una reposición de afiliados "de facto". De concretarse esa alternativa, en la CGT advierten por un escenario de tensión difícil de mensurar. Entre los afectados del grupo amparado por el lobby de la "mesa chica" se debaten entre la expectativa por el cumplimiento de las promesas oficiales y la preocupación por los múltiples desaires libertarios al sector en el primer año de gestión.
Para este jueves se programó una reunión informal de gremios de la central obrera. Los dirigentes se verán durante un tramo de la visita a la Argentina de la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz Pérez, y prevén una puesta al día sobre la crisis en las obras sociales. Sus protagonistas entienden que para entonces se podrá verificar si el Gobierno suavizó su propia resolución o bien asestó un segundo golpe sobre sus finanzas al derivarles una vez más a las prepagas los aportes en bruto de los que antes reservaban un porcentaje.