Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”.
"Ante el improbable caso de que estas peticiones no sean favorablemente acogidas, dadas las garantías constitucionales y convencionales que serían vulneradas, hacemos expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes", advierte el escrito.
El juez Jorge Gorini dio un plazo de cinco días hábiles a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron un pedido de “inmediata detención”.