Y de los trascendidos judiciales que conocen de cerca este proceso, hablan de irregularidades marcadas en el enjuiciamiento, como la no consideración del consenso  unánime de los peritos  afirmando que no hubo sobreprecios, ninguna prueba directa de intervención, firma ni decisión ejecutiva específica en obras, ni tampoco llamados telefónicos o conversaciones por medios electrónicos que la involucren a la Ex Presidenta, como las imputaciones parciales y sobreseimientos selectivos. Por caso,  no fueron imputados ni los miembros del Congreso que aprobaron el presupuesto de la obra pública destinada a Santa Cruz, ni el Jefe de Gabinete responsable de la ejecución presupuestaria, ni el Ministro de Planificación, responsable de la obra pública nacional, ni los responsables de las licitaciones en Santa Cruz.