La confirmación de la condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema desató una ola de violencia en las últimas horas. Un grupo de personas forzó el ingreso a las oficinas de ARTEAR, donde operan los canales TN y Canal 13, ubicadas en la calle Lima. Los manifestantes lograron superar el cordón de seguridad dispuesto en el acceso principal del edificio durante las primeras horas posteriores al anuncio del máximo tribunal.
Los atacantes causaron importantes daños materiales en las instalaciones del complejo mediático. Destruyeron varios vehículos estacionados en el lugar, rompieron ventanas y equipos de televisión. También arrojaron piedras contra las ventanas del edificio. Los hechos de violencia se produjeron como reacción inmediata a la decisión judicial que ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas emitió un comunicado rechazando categóricamente los ataques contra las instalaciones televisivas. ADEPA expresó su "repudio enfático" hacia las acciones de quienes ingresaron por la fuerza a las oficinas del canal de noticias para generar destrozos. La organización que nuclea a los medios del país calificó los hechos como un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información.La entidad periodística exigió una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de los actos vandálicos. ADEPA solicitó además que se refuerce la protección y seguridad tanto de los medios de comunicación como de los periodistas que trabajan en ellos. El comunicado oficial subrayó la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de la prensa en el país.
El fallo de la Corte Suprema confirmó la sentencia original que había dictaminado la culpabilidad de Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad. El tribunal estableció que existió una defraudación sistemática al Estado con participación directa de la exmandataria. La decisión judicial determinó que hubo una maniobra fraudulenta ejecutada entre 2003 y 2015, dirigida por Cristina Kirchner y sus funcionarios, para favorecer al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares y sobreprecios en obras públicas.